En Argentina, la llamada “educación de gestión social” reúne experiencias educativas diversas que nacen de comunidades auto-organizadas y organizaciones sociales que buscan dar respuesta a sus problemáticas desde perspectivas político-pedagógicas poco convencionales. La actual Ley de Educación contempla un lugar para ellas, pero aún no existe un reconocimiento y apoyo real. Un reciente Congreso Nacional sobre la temática nos permite ocuparnos del tema y conocer su actualidad

Los pasados Viernes 24 y Sábado 25 de Octubre se realizó el 7mo Congreso Nacional de Educación de Gestión Social en la ciudad de Bariloche, Río Negro, Argentina. El encuentro tiene una particular importancia: es uno de los pocos espacios sostenidos en el tiempo, si no el único, donde se ha desarrollado el debate en torno a la llamada “educación de gestión social”.

Este concepto jurídico, propio de la legislación argentina sobre educación, permitiría el reconocimiento por parte del Estado de un gran número de experiencias educativas llevadas adelante por organizaciones sociales. Muchas de ellas han venido desarrollando una importante articulación con las comunidades y territorios, implementado formatos innovadores que van mas allá del modelo escolar tradicional, y practicado formas de organización participativas y democráticas.

El Taller 15 sobre “Experiencias Institucionales de educación de Gestión Social” dió cuenta de la diversidad presente

Sin embargo, a casi diez años de la promulgación de la Ley de Educación Nacional, existen pocas precisiones y avances significativos en su implementación, respecto de lo cual la gestión de gobierno actual dice querer avanzar.

La tercera posición

La “educación pública de gestión social” emergió como una tercera categoría que vino a romper el tradicional binomonio de “educación estatal y educación privada”. Surgió como necesidad de reconocer la diversa cantidad de experiencias educativas que nacieron a partir del estallido de la crisis del 2001 y que fueran impulsadas por organizaciones sociales, por fuera de la lógica del Estado y del Mercado. Sin embargo, vale reconocer que existen experiencias de gestión social que surgieron hace muchos otros años, y que hoy día siguen activas e impulsando el debate sobre este tema.

Las escuelas de gestión social no han sido definidas aún con precisión desde los estamentos oficiales, pero existen algunas coincidencias que permiten ir delimitando el conjunto de experiencias educativas que podrían ser incluidas dentro de la categoría. Se trata de iniciativas que no tienen fines de lucro, impulsadas por organizaciones sociales y comunitarias, que se autogestionan, practican la autonomía en diversos aspectos, definen su plantel docente, cuentan con una fuerte articulación con el territorio del que son parte, surgen de y atienden situaciones de vulnerabilidad (no sólo económica; también social, afectiva y simbólica).

Muralismo colectivo durante el Congreso (Fuente: FB del 7mo Congreso de GS)

Existen algunos documentos que permiten configurar una definición, pero vale aclarar que son más bien “aportes” para la misma:

Representando la diversidad

Hoy en día es posible reconocer una gran diversidad de experiencias educativas que se dicen o disputan el concepto de “educación de gestión social”. Gran parte de esta heterogeneidad quedó plasmada en la concurrencia al último Congreso Nacional.

Muchas son escuelas emplazadas en grandes urbes, que nacieron como cooperativas de trabajo o adoptaron dicho formato luego de ser empresas privadas quebradas y “recuperadas” por los miembros de su comunidad educativa, docentes y familia (de forma análoga al fenómeno de las fábricas recuperadas). Se trata de escuelas que, sin romper la gramática escolar tradicional, tejen fuertes vínculos con su comunidad, generan proyectos institucionales innovadores, desarrollan iniciativas productivas en la lógica de la Economía Social y son gestionados colectivamente con formas de participación tendientes a la horizontalidad. Muchas de estas iniciativas han venido trabajado conjuntamente y gestaron la Asociación de Educación de Gestión Social (AEGS), organización de carácter nacional que lleva adelante el Congreso Nacional de Educación de Gestión Social.

Existe otro conjunto de iniciativas educativas, nacidas de los sectores populares y sus organizaciones a partir de la mencionada crisis del 2001: los bachilleratos populares. Son propuestas educativas de carácter politizante, orientadas a jóvenes y adultos que se enmarcan en la visión político-pedagógica de la educación popular de corte “freireano”. Algunas de ellas se encuentran ya reconocidas por el Estado, dentro de la categoría “de gestión estatal”. Sin embargo, la mayor parte de ellas se autogestionan sin ayuda del aparato oficial. A partir de esta compleja situación, algunos bachilleratos populares han comenzado a explorar la posibilidad de encuadrarse dentro de la figura “de gestión social”.

El gimnasio de la Escuela Amuyen ofició como Auditorio princioal

Además, existe un conjunto heterogéneo, no organizado políticamente y de surgimiento más reciente compuesto por experiencias educativas incipientes que no tienen pretensión de seguir el formato escolar hegemónico: son escuelas pequeñas, sin fines de lucro, autogestionadas, que abrevan del ideario pedaógico de Cosettini, Iglesias, Freire, Steiner, Freinet, entre otros. Son iniciativas de padres y docentes, que simpatizan con las ideas de la educación libre y democrática, que desde hace pocos años llevan adelante iniciativas muy innovadoras que piensan otras escuelas posibles. Se han acercado, de forma minoritaria, al debate entorno a la “educación de gestión social” en búsqueda de extender su propuesta a más personas a partir del apoyo del Estado.

Por último, se podría ubicar debajo de este paraguas a las experiencias que practican la “pedagogía de la alternancia”: iniciativas educativas que nacen de los sectores rurales y campesinos, organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, ancladas en las comunidades y con espíritu autogestivo. Como ejemplo podemos encontrar a la Escuelas de la Familia Agraria (EFA), que integran la AEGS, y también a las experiencias educativas agrupadas en la Federación de Asociaciones de Centros Educativos para la Producción Total (FACEPT).

Actualidad y proyección futura

El Congreso Nacional contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Educación de Argentina, quienes manifestaron su compromiso a que, en el plazo de un año, el Consejo Federal de Educación (que reúne los ministros de Educación de todas las provincias argentinas y constituye el órgano máximo de toma de decisiones en materia de educación) presente los lineamientos generales para impulsar su reglamentación en cada una de las jurisdicciones. Existen también algunas iniciativas que nacen desde el Poder Legislativo en miras de establecer una ley que reconozca estos espacios, especialmente los Bachilleratos Populares, que por su recorrido y práctica política cuentan con gran visibilidad.

El cierre del encuentro

Mientras tanto, gran parte de las experiencias seguirían sin contar con el reconocimiento a su especificidad, quedando dentro de la órbita de la “educación pública de gestión privada”, donde predominan iniciativas con fines de lucro y estructura corporativa, muchas de ellas de carácter confesional, y otras tantas no tienen reconocimiento de ningún tipo y funcionan por fuera de la estructura del Estado.

Estas iniciativas educativas, de carácter social y comunitario, se siguen multiplicando en Argentina, aportando respuestas locales a problemáticas sociales y educativas. Está por verse si el Estado comienza a respaldar, regular y visibilizar estas conquistas de la sociedad.